Fundación Ruy López participa del análisis sobre los problemas de acceso al IMV
Fundación Ruy López participó en un Seminario para analizar los avances en el Proyecto Acceso Vital, puesto en marcha por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) con apoyo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se nutre a su vez de los Fondos Next GenerationEU. La conclusión del mismo fue que siguen existiendo barreras, especialmente de tipo burocrático, para que las potenciales beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital (IMV) puedan acceder a él.
Sebastián González, de EAPN Extremadura, puso de manifiesto la necesidad de ofrecer a los ciudadanos y ciudadanas oportunidades de empleo dignos que sirvan para evitar las situaciones de pobreza, un mal que afecta, de manera particular, a las familias monomarentales. Mientras eso ocurre, consideró que el IMV es lo mínimo a lo que se puede aspirar si de lo que se trata es de combatir la desigualdad y proteger a las familias en situación de vulnerabilidad.
Por su parte, Carlos Susías, presidente de EAPN España, recordó, en línea con los resultados del XIV Informe ‘El Estado de la Pobreza en España’, que la tasa de pobreza y exclusión social (AROPE) escaló hasta el 26,5% y que esta situación alcanza ya a 12,7 millones de personas en nuestro país, una situación que golpea especialmente a colectivos desfavorecidos, como familias monoparentales, jóvenes, personas con discapacidad, migrantes o minorías étnicas, entre otros. Para Susías, el IMV ha sido elemento clave del “escudo social”, desde su aprobación en 2020, aunque los ajustes introducidos para tratar de mejorar su gestión no han terminado de paliar las dificultades en el acceso, que han cristalizado en lo que se conoce como non take up, es decir, personas potencialmente beneficiarias que no terminan de poder acceder a esta prestación.
Entre los resultados obtenidos con el análisis realizado en el marco del Proyecto Acceso Vital, destaca un gran desconocimiento de la medida, especialmente entre los potenciales beneficiarios no solicitantes.
También se ha puesto de manifiesto que el proceso de certificación de cumplimiento de requisitos puede resultar difícil de seguir para muchas personas, lo que hace que muchas beneficiarias no puedan realizar este trámite de forma autónoma. En este sentido, aspectos como la brecha digital o la complejidad del lenguaje utilizado, que afecta de manera particular a las personas desfavorecidas, toman especial relevancia. Una vez logrado el acceso, aparece el problema de los retrasos en el cobro.
Entre las soluciones propuestas, está la agilización de la tramitación, especialmente para familias altamente vulnerables (niños/as o personas dependientes a cargo); aumentar el personal dedicado a la atención y la tramitación; dotar a las potenciales beneficiarias con personas de referencia que les acompañen en el proceso; simplificar el lenguaje administrativo y hacerlo accesible; mejorar la coordinación entre administraciones; aumentar la financiación; mejorar la información y la usabilidad de las plataformas, y adaptar las actuaciones administrativas a las necesidades específicas del mundo rural, entre otras.
