Entidades sociales como Fundación Ruy López denuncian barreras en el acceso al Ingreso Mínimo Vital

La delegación extremeña de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN) organizó, el pasado día 10 de octubre, un encuentro titulado 'La huella de la precariedad laboral y las diferentes brechas que atraviesan el IMV', donde se pusieron de manifiesto las diferentes barreras que existen actualmente para acceder al ingreso mínimo vital (IMV). Concretamente, la presidenta de la Fundación Ruy López, Ana Macías, hizo un repaso por las diferentes complicaciones que afectan de manera particular a la población rural de la comarca de Tierra de Barros. 

Durante su intervención, Macías hizo alusión, por un lado, a las carencias de la red de transportes, que afecta a los ciudadanos y ciudadanas que tienen que desplazarse desde pequeñas poblaciones a otras más grandes, donde se realizan los trámites administrativos. Unido a esto, se refirió también a la brecha digital, que afecta de forma especial a las zonas rurales, y a las cargas familiares que soportan las mujeres y que les impiden muchas veces dedicar tiempo a realizar trámites administrativos complejos como los que se requieren para solicitar el IMV. 

Esa complejidad ejerce por sí misma como elemento disuasor. A este respecto, fueron varios intervinientes los que se quejaron de un nivel de burocracia incomprensible, así como de la saturación de la Seguridad Social y los Servicios Sociales, organismo decisor y mediador, respectivamente, en la tramitación del IMV. 

Como soluciones, Macías propuso mejoras en el transporte regional, medidas para favorecer la conciliación familiar y simplificar los trámites necesarios para obtener una prestación que, cuando llega, suele hacerlo tarde ("entre 8 y 12 meses se tarda en obtener la notificación", dijo).

Las razones que puso encima de la mesa la presidenta de la Fundación Ruy López están incluidas entre las que han dado las personas participantes en un estudio llevado a cabo por EAPN para explicar el fenómeno de non take up (renuncia a derechos), puesto en marcha con el objetivo de conocer los motivos que llevan a casi un 60% de los potenciales perceptores del IMV a no solicitarlo. Mar Herrera, coordinadora del proyecto en Extremadura, avanzó que los resultados definitivos estarán listos en el primer trimestre de 2024. 

Herrera hizo referencia a algunos factores disuasorios de la solicitud del IMV, como la complejidad burocrática, el estigma que recae sobre los perceptores, así como la falta de una información adecuada que sirva para contrarrestar algunos mitos. Asimismo, puso en valor el acompañamiento que realizan las entidades sociales para sortear las diferentes barreras y mejorar el acceso al IMV. 

Una prestación que, como señaló Thiago Santos Rocha, profesor de Derecho, se deriva de las obligaciones propias de un Estado Social de Derecho, como es el español. En este sentido, citó varios artículos de la Constitución para calificar el acceso al IMV como un derecho subjetivo que cobra sentido en la lucha contra la pobreza y la exclusión. 

Carlos Susías, presidente de EAPN, puntualizó que el IMV "no saca a la gente de la pobreza", aunque sí puede considerarse un dispositivo útil contra los casos de pobreza más severa. En ese sentido, defendió su valor para la conquista de una mayor justicia social y como muestra de "inteligencia económica", ya que la cuantía que se recibe por esta vía suele dedicarse al pago de los suministros básicos y revierte en la economía. Negó también el falso mito que define al IMV como un elemento favorecedor del desempleo y argumentó que, en los casos en los que esta situación se dé, será reveladora de las condiciones laborales indignas que el mercado ofrece a los trabajadores y trabajadoras.